PERÚ

Profesional del derecho con 33 años de ejercicio profesional, con estudios concluidos de Doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España; maestro en Derecho Penal por la Universidad de San Martín de Porres, y estudios de Post grado en Derecho Penal, Criminología y Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca; profesor en escuelas de Pre-Grado y Post-Grado de distintas universidades del Perú, como también en la escuela del Ministerio Público y la academia de la Magistratura. Conferencista de Derecho Penal y Procesal Penal a nivel Nacional e internacional, Capacitador en el Nuevo Modelo Procesal Penal de la escuela del Ministerio Publico y de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; Asesor de la comisión nacional revisora del código penal y posteriormente miembro de la misma como representante alterno del Colegio de Abogados de Lima, Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lima; a la vez destacada labor  profesional en el sector público como consultor en temas penales y litigante en el privado, conocedor de la realidad del sistema judicial peruano, y reconocido por su labor en la lucha Contra el Crimen Organizado tanto desde la Procuraduría Anticorrupción Ad Hoc como Procurador Adjunto, así como  en la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público. Autor de artículos sobre Crimen Organizado en la Publicación del libro “ Compendio de Política Criminal y  Criminalidad Organizada” publicado el año 2015 y la Guía Práctica de la Ley contra el Crimen Organizado Ley 30077[1] año 2015; Coautor

[1] La Ley contra el Crimen organizado conceptualiza la noción de esta forma de delincuencia y surge desde la necesidad que el Estado peruano adecue su legislación penal a los alcances de la Convención de Palermo del año 2000. En loa cual entre otras formas de criminalidad encontramos a la Corrupción de Funcionarios Públicos y otros delitos de competencia de distintas procuradurías publicas especializadas y que hace que la Procuraduría de orden público conozca, como lo ha hecho, los temas que por especialidad no son de competencia de otras procuradurías especializadas; desarrollando su labor con la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado FECOR.