El GIR “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género”,  integra representantes de áreas tan dispares, pero al mismo tiempo tan conectadas, como el Derecho Penal o la Estadística, pasando por la Historia, Ciencia Política, la Comunicación, la Documentación, la Sociología, la Psicología, el Trabajo Social,  y otras áreas jurídicas como la Filosofía, el derecho Constitucional, el Derecho Procesal, el Derecho Internacional Privado, el Derecho Administrativo y el Derecho Financiero. Esto es así porque, entendemos, que tan solo desde una perspectiva multidisciplinar, pueden abordarse cuestiones tan trascendentales como las que en este grupo se analizarán.

Realidades como la cada vez mayor debilidad de los derechos humanos en la era de la globalización y la necesidad de buscar estrategias públicas (normativas, educativas, sociales, etc.), cuyo objetivo sea el de integrar a todas las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o pensamiento. Y ello porque la complejidad del Siglo XXI, exige un análisis holístico de la realidad, profundizando en las raíces del problema y buscando soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en último término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. El hombre como medida de todas las cosas, tal y como resume el conocido principio. En definitiva, soluciones que vengan de la mano de estrategias sociales (Sociología), politológicas (Ciencia Política), estadísticas (Estadística), Comunicativas (Comunicación) y jurídicas (Derecho). Soluciones multidimensionales frente a fenómenos que también lo son y que por ello no admiten respuestas simples o unilaterales.

Porque la pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la diversidad. De ello depende más que nunca el porvenir de nuestras sociedades. Se hace, por tanto, necesario adoptar un modelo inclusivo y multiculturalista de gestión de la diversidad. Un modelo con una ineludible perspectiva de género, que elimine prácticas ancestrales de discriminación y desigualdad. Y eso sólo se logrará con un debate sosegado, social, político y jurídico y no metafísico y religioso, con la opinión de todos los colectivos afectados como punto de partida. Un debate que se aleje del dogmatismo y el prejuicio. De ese satánico vicio de ver la paja en el ojo ajeno y no percatarse de las vigas en el propio. Pero también de la tolerancia paternalista y de esa supuesta neutralidad que realmente deja intacto el status quo en beneficio de los de siempre.